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Un auto del Supremo terminará con 12 años de pleito entre los vecinos de Santo Domingo y Aena.

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Año 2004. Los vecinos de la lujosa urbanización Ciudad Santo Domingo acuden a los tribunales para defender su derecho fundamental a la intimidad domiciliaria debido a los altos niveles de ruido que afectan a sus viviendas provocados por los despegues y aterrizajes de los aviones de la pista 18R/36L, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Doce años después de aquel primer paso, la Justicia está a punto de zanjar el asunto con una sentencia que podría marcar un antes y un después en la capacidad y rentabilidad del principal aeródromo de Aena, el gestor aeroportuario español.

De aquel frente que iniciaron unos 350 vecinos con la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra Aena, quedan sólo cinco residentes que desde el año 2006 lideran esta batalla judicial que ha puesto contra las cuerdas al mismo Gobierno central. Y es que, el riesgo de que el nuevo fallo sea desfavorable para Aena es alto, ya que a lo largo del proceso judicial se han dictado resoluciones que dan la razón a los vecinos y consideran insuficientes las medidas adoptadas en el aeródromo madrileño.

El Tribunal Supremo emitió la primera sentencia firme en 2008 a favor de los vecinos de esta zona después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazara su demanda inicialmente. A partir de ese momento, la ejecución del fallo judicial -en la que están implicados 1.269 residentes- se ha ido retrasando hasta la actualidad, y ello a pesar de que el Supremo ha dictado hasta dos avisos apremiando la aplicación de la misma.

Sentencia antes de verano

Antes de que llegue el verano, presumiblemente, el Alto Tribunal emitirá la que será la tercera resolución instando a cumplir la sentencia en la que pide el cese de la «lesión» que afecta a los residentes -más de 5.000 personas- por los ruidos del tráfico aéreo del aeropuerto madrileño.

En el último auto de ejecución del fallo que emitió el TSJM -órgano competente para ello-, fijó que el número de sobrevuelos sobre la urbanización Ciudad Santo Domingo debía reducirse en un 30% respecto a los 20.730 operados en 2004 -es decir, 6.219 vuelos, el 1,5% del total de operaciones que hay al año-.

Este auto fue recurrido tanto por el gestor aeroportuario como por los vecinos afectados, que reclaman la ejecución de la sentencia en su literalidad: el cese total de la «lesión«, o lo que es lo mismo, el cierre de esta pista, la más larga de Barajas y, por tanto, por la que despegan los grandes aviones con destinos de largo recorrido y mueven un mayor volumen de pasajeros y carga. El Tribunal Supremo tiene la última palabra y la pronunciará en los próximos meses.

Tanto Aena como la organización empresarial CEIM están preocupados por la resolución judicial y el impacto económico que una decisión contraria a los intereses estatales podría causar en la comunidad que preside Cristina Cifuentes (PP), ya que el aeropuerto madrileño aporta al PIB de la región más de 18.000 millones de euros, el 10% del total. Para los afectados, en cambio, esto no es más que una estrategia de Aena que apela al «miedo económico, pero no refleja la realidad».

Solución: por la izquierda en lugar de por el norte

El portavoz de la Asociación contra el Ruido y Riesgo de Aeronaves Ciudad Santo Domingo, José María Serrano-Pubul, ha explicado a MERCADOS que la solución pasaría por que los aterrizajes desde el norte hacia Barajas se hagan por la izquierda, lo que evita los sobrevuelos en cualquier población y cumple los requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Se trata, ha señalado Serrano-Pubul, de evitar «una de las 16 operaciones posibles» del aeropuerto madrileño -cuando las aeronaves aterrizan desde el Norte-, que «sólo se usa un número de días al año» y que ya se ha evitado en numerosas ocasiones. Además, ha especificado que ello no incluye las salidas hacia el Norte desde esa pista.

Para Aena, en cambio, la lista de agravios es extensa si se confirma la sentencia desfavorable. Por ejemplo, los vuelos con conexiones con Latinoamérica, que representan aproximadamente el 25% del total de la operación de Barajas, se verían afectados de forma inmediata con una reducción de capacidad, ya que se concentran en franjas horarias donde el uso de esta pista es imprescindible. Además, el aeródromo madrileño es un hub -centro de conexión y distribución de vuelos-, por lo que perdería posicionamiento internacional.

Por el Adolfo Suárez Madrid-Barajas pasan a diario más de 100.000 pasajeros y se operan más de 1.000 vuelos, y en 2015 registró el 22% de usuarios de toda la red de Aena. Si el Supremo confirmara los peores augurios para el aeropuerto, la disminución acumulada en el tráfico de pasajeros hasta 2030 sería de más de 70 millones de viajeros y la pérdida de puestos de trabajo que no se habrían podido crear hasta ese mismo año, rondaría los 14.000 empleos en la región y 42.000 en toda España.

El cierre podría afectar a 300 empresas y 80 aerolíneas

Otros efectos negativos sobre el aeropuerto si se llega a cerrar parcial o totalmente esta pista más allá del desarrollo del aeródromo y su actividad, recaerían en las empresas -más de 300- y compañías aéreas -80- que trabajan en él en la actualidad.

La pista 18R/36L ya estuvo cerrada durante un mes, del 17 de abril al 16 de mayo del año pasado, debido a las obras de regeneración de pavimentos y renovación del balizamiento de la propia pista y de las calles de rodaje. A pesar de que para este período se ajustó la programación del tráfico aéreo, su cierre durante este tiempo ya afectó a la operatividad del aeropuerto: el índice de puntualidad cayó un 15,5%, fueron desviados hasta seis vuelos de llegada por congestión y el número de operaciones con demoras fue de 5.657, cinco veces más de lo habitual.

«El cierre de una de sus pistas conllevaría consecuencias negativas de importante calado», ha subrayado en declaraciones a MERCADOS Francisco Aranda, portavoz oficial de CEIM, que recordó que Aena ha intentado minimizar el impacto acústico llegando a reconfigurar la operativa de la pista e incluso proponiendo a los vecinos demandantes aislar sus viviendas, es decir, «la voluntad de Aena de tratar de solucionar el problema es evidente». Además, confió en que haya «proporcionalidad y racionalidad en la sentencia».

Minimizar el ruido fuera de la huella acústica

Se da la circunstancia de que la urbanización Ciudad Santo Domingo no está incluida en la huella acústica del aeropuerto de Barajas. Pese a ello, y fruto del proceso judicial, Aena ha ido adoptando en esta zona diversas medidas para minimizar el ruido, como por ejemplo cambiar los procedimientos operativos de las compañías aéreas, reducir el número de sobrevuelos, mejorar la operativa o reforzar el uso de la configuración norte como la preferente, tanto para el período diurno como para el nocturno.

Aena, además, propuso en 2010 a los residentes afectados el aislamiento acústico de las viviendas con el fin de garantizar el derecho a la intimidad del domicilio frente al ruido, un principio que ya ha reconocido la Justicia a los denunciantes. Esta medida, no obstante, fue rechazada por los vecinos puesto que, a juicio del abogado de los residentes, es «ilegal», ha explicado el portavoz de la Asociación contra Ruido y Riesgo de Aeronaves Ciudad Santo Domingo.

Mientras este largo proceso judicial continúa, Aena, y de forma paralela, lleva a cabo diferentes planes de aislamiento acústico en los distintos aeropuertos de la red española. Según datos oficiales a los que ha tenido acceso MERCADOS, el gestor aeroportuario ha invertido en este concepto 290 millones de euros -que engloba más de 13.000 viviendas- desde el año 2000 hasta la actualidad. De hecho, el aeródromo de Barajas ha sido el que más dinero ha recibido: 172 millones; seguido del de Alicante, Valencia, Tenerife Norte, Coruña y Bilbao.

http://www.elmundo.es/economia/2016/04/20/570e7ec0ca47414e448b466b.html

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