NUEVA SITUACIÓN PROCESAL EN EL CASO DE «LOS RUIDOS DE LA MADRILA».
Heras y Jurado se enfrentan a un año y 9 meses de prisión por el caso del ruido.
La Fiscalía también pide que 11 empresarios de locales de copas sean condenados a tres años de prisión y se les clausuren sus negocios.
Después de casi cinco años de instrucción, el caso del ruido enfila la recta final hacia el juicio. La calificación de la Fiscalía hace responsable de la contaminación acústica de la Madrila a la exalcaldesa del PSOE Carmen Heras y al exconcejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado, así como a 11 empresarios de locales de copas que regentaban en el momento de las actuaciones nueve establecimientos: Maquiavello, LaBelle, Tacones, Submarino, La Cuerda, Súgar, discoteca Down, Barroco y Latinos. Para los políticos la Fiscalía solicita un año y nueve meses de prisión; para los empresarios, tres años y la clausura de los locales.
La Fiscalía les acusa de dos delitos continuados de prevaricación medioambiental, y pide para cada uno de ellos un año y 9 meses de prisión además de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. En el caso de que el tribunal que les juzgue no les considera culpables de un delito continuado de prevaricación medioambiental, la fiscal solicita para Heras y Jurado los 10 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.
Precisamente, el pasado mes de febrero la exalcaldesa socialista fue condenada, por el Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres, a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por el modo en que se pagó la segunda edición del Festival Urban Screens celebrado en 2010. Se le consideró responsable de un delito de prevaricación administrativa. La condena, recurrida, supuso que dimitiera como presidenta del PSOE de Extremadura.
Asimismo, el ministerio público acusa a 11 empresarios de cometer delitos de contaminación acústica con riesgo para la salud de las personas. Solicita al tribunal que los juzgue que condene a cada uno de ellos a tres años de prisión, pagar 5.400 euros de multa y dos años sin poder ejercer una profesión relacionada con la hostelería, además de que se les clausure sus negocios (aunque la mayoría ya están cerrados).
Los empresarios y los locales afectados son los siguientes: Los hermanos Juan Luis y Francisco S. B. que regentaban el Maquiavello en la Plaza de Albatros (está cerrado); Agustín N. A. que llevaba ‘LaBelle’ en la Madrila Alta (está cerrado); César A. M., gerente de ‘El Submarino’ en la plaza de Albatros (cerrado); Santiago C. R, gerente de ‘La Cuerda’ en La Madrila Alta (cerrado). Juan Antonio R. M., responsable del ‘Súgar’ en la Plaza de Albatros; Eduardo S. J. R. responsable de la ‘discoteca Down’ en la Plaza de Albatros (abierta con otro nombre); David V. G. responsable de la Sala Barroco (está abierta) y Sergio T. G. responsable de El Latinos (está cerrado).
Indemnización a vecinos
Hay dos empresarios, Abel G. R. y Rubén G. M., que están relacionados con el local de la calle Santa Teresa de Jesús que se ha llamado Manuel’s, Dabar, Póker Copas, Tacones y Sasa, para los que pide también tres años de prisión, dos años sin poder ejercer en la hostelería y que se clausure el local (ya está cerrado), pero considera justo que paguen una multa de 16.200 euros al considerarles responsables, cada uno, de cuatro delitos de lesiones. Además deberían pagar a cuatro vecinos afectados 5.000 euros, a cada uno.
La calificación indica que los empresarios tienen que indemnizar a 17 vecinos afectados, pero sería en la vista oral cuando se fijarían, en caso de aceptarse la solicitud de Fiscalía, las cantidades que les deberían entregar.
La fiscal también señala con nombres y apellidos a 22 vecinos de La Madrila a los que se les debe hacer el ofrecimiento de poder ser resarcidos económicamente de los presuntos daños sufridos.
La Fiscalía, en cambio, archiva las actuaciones sobre dos empresarios: Pedro P. G. y Modesto P. A.
Un dato curioso es que la fiscal interesa que se proceda, por el juzgado de instrucción, al levantamiento de la medida cautelar impuesta respecto del local ‘Latinos’, por lo que podría abrir en las próximas semanas.
Como se recordará, algunos locales afectados por la instrucción judicial fueron clausurados como medida cautelar; la acusación pública indica como esa clausura temporal tiene un límite máximo de cinco años, esa medida cautelar dejaría de ser efectiva en febrero de 2017, «si aún no ha recaído sentencia firme en esta causa para esa fecha». Hay que recordar que fue en 2012 cuando la Audiencia de Cáceres emitió un auto en el que ordenaba el cierre de ocho locales, aunque los investigados eran un total de 16.
Ahora será la asociación Cacereños Contra el Ruido, que ejerce la acusación particular, la que tendrá que emitir su calificación.
http://www.hoy.es/caceres/201604/13/heras-jurado-enfrentan-meses-20160413002435-v.html
